Llevar a cabo cualquier gestión dentro de la Administración pública es difícil, ya que hay que estar familiarizado con la documentación, esperar plazos, subsanar errores, etc.
Un ejemplo muy claro se da cuando alguien está tratando de solicitar incapacidad laboral. Ante un accidente o una enfermedad que imposibilita para el trabajo, tramitar la pensión correspondiente puede convertirse en un auténtico quebradero de cabeza.
«Muchas veces los plazos se alargan porque el usuario no sabe moverse bien en el complejo océano de papeles, plazos, requisitos y documentación que requieren este tipo de trámites», explican desde Bufete Toro, un despacho nacional que se ha especializado en este tipo de procedimientos.
El laberinto de la Administración en ocasiones es muy perjudicial para las personas que, además de lidiar con su enfermedad o incapacidad, tienen que darse una y otra vez de frente con una pared que hace que se desesperen.
Por eso, desde 1975 este equipo de letrados que trabaja en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla ha dedicado grandes esfuerzos para comprender por completo la ley que regula las pensiones por incapacidad y cómo trabajan cada una de las administraciones para otorgar las pensiones.
¿El objetivo? Acelerar el proceso y lograr la mejor perspectiva económica para sus clientes. «Conocer las leyes, las regulaciones específicas y acumular una gran experiencia en este campo nos permite ofrecer las mejores opciones a quienes confían en nosotros», explican desde la firma legal.
Niveles de incapacidad y condiciones mínimas para solicitar la paga
Lo primero que tiene que tener en cuenta una persona que está en condiciones de solicitar la incapacidad es que existen varios niveles estipulados por el Estado:
- Incapacidad para la profesión habitual.
- Incapacidad total para la profesión habitual.
- Incapacidad absoluta para todo trabajo.
- Gran invalidez.
Teniendo esto en cuenta, los procesos variarán dependiendo del perfil que presente el enfermo. Obviamente, una persona que tiene una importante dependencia para cualquier actividad básica en su día a día tendrá que presentar una documentación distinta a quien solo no puede realizar algunas tareas habituales de su trabajo.
Por supuesto, sí que existen condiciones mínimas para optar a este tipo de pensiones por incapacidad. Por ejemplo, la persona interesada debe estar dada de alta en la Seguridad Social o en un régimen de alta asimilada. También es fundamental que no haya alcanzado la edad de jubilación y que haya sido diagnosticada por un profesional sanitario especialista en su dolencia, que haya determinado que ya no se puede hacer más por mejorar su situación.
Este historial médico, junto con los informes de las mutuas y todo aquello que se pueda aportar, habrá que enviarlo con un formulario de solicitud al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Es en este paso en el que la ayuda legal profesional será clave para presentar la documentación correctamente y que la resolución final sea tal y como se espera, positiva para el usuario.
Solicitar la incapacidad laboral de la mano de un equipo legal especializado aumenta las posibilidades de obtener una pensión justa y rápida en el tiempo. Un ejemplo es el de las decenas de clientes de Bufete Toro que están satisfechos gracias al trabajo de estos abogados.
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